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El expediente por corrupción dentro del seguro estatal avanza con medidas duras, mientras Abinader marca distancia total y lanza un mensaje político sin matices: “Caiga quien caiga”.
La justicia entra en escena
El Caso Cobra dejó de ser ruido mediático y pasó a ser una decisión judicial con consecuencias reales. El Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso medidas de coerción contra diez imputados por un presunto entramado de corrupción, estafa al Estado, soborno y lavado de activos dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La magistratura declaró el proceso complejo y abrió la puerta a una investigación profunda, con prisión preventiva, arresto domiciliario e incautación de bienes, marcando un punto de quiebre en uno de los casos más sensibles del sistema público.
Prisión preventiva y arrestos: la lista no es corta
El tribunal ordenó 18 meses de prisión preventiva en Najayo para siete imputados, entre ellos el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim Albainy, junto a Gustavo Messina Cruz, Germán Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, quien cumplirá en Najayo Mujeres. Otros tres implicados recibieron arresto domiciliario, impedimento de salida y garantías económicas en dos casos, mientras que la justicia también dispuso medidas reales sobre cinco inmuebles vinculados a la investigación.
Plazos claros y expediente bajo lupa
El proceso avanza con tiempos definidos: los imputados bajo arresto domiciliario tienen siete días para cumplir con las garantías impuestas, mientras el Ministerio Público cuenta con ocho meses para presentar la acusación formal. La revisión obligatoria de las medidas quedó fijada para el 11 de marzo de 2025, dejando claro que el expediente no se archivará ni se diluirá en tecnicismos, sino que seguirá su curso institucional.
Abinader corta de raíz cualquier intento de presión
Tras conocerse la decisión judicial, el presidente Luis Abinader fue directo y sin rodeos. Reafirmó su respeto absoluto a la independencia del Ministerio Público y de los tribunales, y dejó claro que su gobierno no protege a nadie. “Caiga quien caiga” y “yo tengo amigos, pero no cómplices”, sentenció el mandatario, marcando distancia total entre la investigación y el Poder Ejecutivo. El mensaje es claro: en este gobierno no hay intocables, y cualquier persona que haya afectado al Estado deberá responder ante la justicia, sin privilegios ni interferencias políticas.
Fuente: Somos Pueblo Media