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El sábado 18 de enero marcó el inicio oficial del periodo de propaganda política para las elecciones generales de 2025 en Honduras, conforme al calendario electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, la atención se centró en el domingo 19, cuando los tres principales partidos—Libre, Liberal y Nacional—realizaron sus actos de lanzamiento de campaña, rodeados de críticas por el presunto uso de recursos estatales y fondos de origen desconocido.
El acto inaugural de Rixi Moncada, precandidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), en Santa Bárbara, desató una polémica inmediata. Las denuncias giraron en torno al uso de logística del Comité Permanente de Contingencias (Copeco) para asistir al evento y el presunto uso de transporte público para movilizar empleados estatales. Además, se señaló que Moncada habría llegado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña, lo cual negó en su cuenta de X.
La presencia de altos funcionarios, como el canciller Eduardo Enrique Reina y la secretaria de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, intensificó las críticas. Destacó también Lucky Medina, secretario de Recursos Naturales y gerente de campaña de Moncada, cuya participación contraviene la directriz de la presidenta Xiomara Castro, quien había solicitado la renuncia de funcionarios con aspiraciones políticas para evitar conflictos de interés.
El Partido Liberal de Honduras (PLH) exigió la dimisión de Moncada y Medina, argumentando que la mezcla de funciones públicas y políticas daña la credibilidad del proceso electoral. Según el artículo 144 de la Ley Electoral, la propaganda está permitida solo en periodos específicos: 50 días antes de las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025 y 90 días antes de las generales del 30 de noviembre.
Rasel Tomé, también del Partido Libre, lanzó su campaña en Santa Rita, Yoro, con menor afluencia que el acto de Moncada. Por el Partido Liberal, Jorge Cálix organizó un evento masivo en Yoro, mientras que Maribel Espinoza y Salvador Nasralla inauguraron sus campañas en Comayagua y Choluteca, respectivamente.
Los aspirantes del Partido Nacional, incluidos Ana García, esposa del exmandatario Juan Orlando Hernández (preso por narcotráfico en EE. UU.), Nasry Asfura (procesado por desvío de fondos), y Jorge Zelaya (vinculado al caso Hermes), también realizaron actos de campaña. Las denuncias de corrupción y la falta de transparencia en el financiamiento electoral persisten como preocupaciones clave.
La Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) instó a los precandidatos a centrarse en debates de ideas y propuestas concretas. Exigió austeridad en el gasto, transparencia en el financiamiento y un rechazo al uso de fondos ilícitos o públicos. Además, pidió a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) que haga cumplir la ley y a la Secretaría de Finanzas que garantice los recursos para el funcionamiento de los órganos electorales.
El proceso electoral de 2025 en Honduras se desarrolla bajo la sombra de la desconfianza ciudadana, desafiando a los actores políticos a demostrar su compromiso con la democracia y la transparencia.
Fuente: Criterio