Impacto

República Dominicana deporta a más de 370 mil haitianos en un año

La Dirección General de Migración (DGM) de República Dominicana informó que en los últimos doce meses fueron deportados 370.240 ciudadanos haitianos en situación irregular, en el marco de una política migratoria que ha generado fuertes cuestionamientos de organismos internacionales.

Solo en septiembre, el país caribeño repatrió a 34.873 haitianos, mientras que en los primeros nueve meses de este año las expulsiones suman 285.614 personas, según el informe difundido este miércoles.

Las operaciones, ejecutadas en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado, forman parte de un plan integral destinado —según las autoridades— a controlar el ingreso irregular, combatir delitos transfronterizos y reforzar la seguridad nacional. La DGM sostiene que estas medidas buscan evitar que migrantes en situación vulnerable sean víctimas de redes de trata o explotación.

Política migratoria endurecida

En octubre de 2024, el presidente Luis Abinader ordenó intensificar las deportaciones de haitianos indocumentados, argumentando la necesidad de reducir la presión demográfica y económica que, según el Gobierno, genera la migración irregular en comunidades dominicanas.

El Ejecutivo ha señalado que los servicios gratuitos ofrecidos a haitianos sin documentación —especialmente en el sector salud— representan una carga para el sistema público, citando el aumento de parturientas haitianas atendidas en hospitales dominicanos.

Control en hospitales y críticas humanitarias

Medios locales como Listín Diario reportaron que agentes migratorios mantienen presencia permanente en maternidades de Santo Domingo, como el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina y la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, con el objetivo de evitar la presencia de mujeres haitianas sin estatus regular.

La medida ha sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha advertido sobre la deportación de personas vulnerables —embarazadas, madres lactantes y menores de edad— hacia un Haití sumido en una profunda crisis humanitaria y de seguridad.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que las políticas migratorias dominicanas están marcadas por prácticas discriminatorias y racismo estructural, que derivan en perfilamientos raciales y restricciones al acceso a servicios básicos, como la atención médica. Además, AI acusa al Estado dominicano de haber privado arbitrariamente de la nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia haitiana, condenándolos a la apatridia.

 

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