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El Centro Carter concluyó en su informe final que las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024 "no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral" y, por ende, "no pueden ser consideradas democráticas". El documento, publicado en la página web de la organización y difundido en sus redes sociales, señala irregularidades significativas en el proceso electoral.
Según el informe, la contienda del 28 de julio estuvo marcada por "falta de transparencia en el anuncio de los resultados" y por la ausencia de condiciones básicas para garantizar una elección libre y justa. Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) logró organizar la logística del proceso de votación, el escrutinio y la publicación de los resultados no cumplieron con los requisitos mínimos de transparencia, lo que impidió su verificación independiente y violó los principios electorales y la legislación venezolana.
El Centro Carter destacó que, de acuerdo con actas recopiladas por la oposición, el candidato opositor Edmundo González habría obtenido más de 7,1 millones de votos (67,1% del total), mientras que el presidente Nicolás Maduro habría logrado 3,2 millones de sufragios (30,4%). Sin embargo, en la madrugada del 29 de julio, el CNE proclamó la reelección de Maduro sin divulgar los resultados desglosados por centro y mesa de votación, una práctica habitual desde la automatización del sistema electoral en 2004. A la fecha, el sitio web del CNE sigue inactivo y ni el organismo ni el gobierno han respondido al informe del Centro Carter.
El informe refuerza las denuncias de múltiples gobiernos y organizaciones internacionales que cuestionaron la victoria de Maduro. La proclamación del resultado por parte del CNE, sin la difusión de actas, y su posterior ratificación por el Tribunal Supremo de Justicia, ambos controlados por el oficialismo, generaron una oleada de protestas en el país. La represión gubernamental dejó cientos de detenidos, de los cuales muchos han sido liberados, aunque organizaciones de derechos humanos han denunciado torturas y la falta de garantías para los detenidos. El gobierno ha rechazado estas acusaciones, asegurando que todos los procesados han recibido un trato conforme a la ley.
En medio de este panorama, el CNE ha convocado elecciones parlamentarias y regionales para el 27 de abril de 2025, mientras que el gobierno de Maduro promueve una reforma constitucional que modificaría la estructura del Estado.
Fuente: CNN